Las autoridades penitenciarias cubanas permitieron al disidente Pedro Pablo Álvarez, condenado a 25 años de cárcel, asistir el sábado al entierro de su madre en La Habana, informó EFE.

Susana Álvarez Prumeda, hija del opositor, dijo que la familia avisó a las autoridades penitenciarias de la gravedad de su abuela para lograr que Álvarez pudiera verla con vida porque "ella no quería morir sin antes verlo".

"Pero lo trajeron el día en que ella murió, por lo que no pudo verla viva por última vez", lamentó.

El disidente, líder del ilegal Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, cumple condena en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila.

Pudo permaner dos horas y media en la funeraria donde se realizó el velatorio de su madre, Raquel Ramos Soto, fallecida el viernes. Luego asistió al entierro en el cementerio Cristóbal Colón de la capital, vestido de civil, sin esposas, ni custodia de policías uniformados, aunque era notoria la presencia en el campo santo de algunos agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, que mantuvieron una distancia prudencial.

Según Susana Álvarez, su padre "se encuentra en malas condiciones penitenciarias, en el destacamento número 4, con 24 presos en un sólo local donde hay dos baños muy pequeños, y donde las condiciones son pésimas".

"Estaba en solitario, pero ahora lo han trasladado junto con los presos comunes, sin la compañía de ningún otro disidente", dijo la joven, de 23 años.

Elizardo Sánchez Santacruz, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), informó que el Consejo que lidera Álvarez es parte de las confederaciones Latinoamérica de Trabajadores (CLAT), con sede en Caracas, y Mundial del Trabajo (CMT)), con sede en Bruselas, dos de las más grandes centrales sindicales mundiales.

Álvarez "es uno de los 88 presos cubanos de conciencia adoptados el año pasado por Amnistía Internacional (AI)", recordó Sánchez.

El líder del Consejo Unitario de Trabajadores es uno de los 75 disidentes cubanos condenados a penas de hasta 28 años de prisión en juicios sumarísimos realizados en abril de 2003. La ola represiva contra la oposición interna provocó una fuerte condena internacional.

Desde hace varias semanas, el gobierno cubano lleva a cabo una intensa campaña para evitar un voto de censura en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, actualmente reunida en Ginebra.

El pasado miércoles las autoridades organizaron una visita guiada para los reporteros extranjeros por dos prisiones de La Habana. Esta fue la primera vez en más de diez años que la prensa pudo entrar en prisiones cubanas.

Organizaciones del exilio y familiares de disidentes presos han calificado de "montaje" y "operación de propaganda" la visita, y han recordado que desde finales de los años ochenta la Cruz Roja Internacional no tiene acceso a las instalaciones penitenciarias cubanas.