El embajador brasileño en Cuba, Tilden Santiago, divulgó el viernes una nota en la que niega haber defendido la decisión del gobierno de Fidel Castro de fusilar a tres secuestradores de una embarcación de pasajeros, informó la AFP.

De acuerdo con el texto, divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago dijo no haber pretendido "justificar las acciones del gobierno cubano", al describir para periodistas el contexto en que los hechos se produjeron.

En una cita con la prensa el jueves pasado, en el Palacio del Planalto, sede del gobierno, Santiago afirmó que "el régimen cubano tenía el derecho de defenderse de un intento de desestabilización estimulada por Estados Unidos".

Según el embajador, las informaciones publicadas el viernes reprodujeron "una percepción parcial y, en algunos casos, hasta equivocada" de sus declaraciones.

Santiago resaltó su conformidad con "la posición del Gobierno brasileño, que permanece inalterada".

"Brasil está contra la pena de muerte; condena su aplicación con base en procesos sumarios; y encuentra lamentable que alguien sea preso por emitir su opinión, en cualquier país", afirmó el diplomático en la nota del viernes.

El embajador brasileño en La Habana recordó que la Constitución de Brasil dispone que las relaciones internacionales del país deben ser regidas, entre otros principios, por el respeto a los derechos humanos.

"No puede, así, haber dudas sobre la importancia que atribuimos a la defensa, a la promoción y a la protección de los derechos humanos, lo que incluye la necesidad de la estricta observancia del derecho de defensa amplia, en proceso judiciales transparentes. Es así que dialogamos con las autoridades cubanas", aseguró Santiago.

El pasado 11 de abril, el gobierno cubano fusiló a tres hombres que encabezaron el secuestro de una lancha de pasajeros para intentar escapar a Estados Unidos.

La versión oficial de La Habana dijo que el secuestro se saldó "sin un disparo" y "sin un rasguño".

Días antes, los tribunales del régimen dictaron sentencia contra 75 disidentes de todo el país, condenados a penas de hasta 28 años de prisión.