El verbo de Hugo Chávez tiene el poder de una bomba. Así piensan muchos en Venezuela, luego de los graves acontecimientos de los últimos días. Cada vez que el presidente acusa, o insulta a una persona o institución, estallan situaciones que colocan al país al borde de la fragmentación total. A estas alturas es muy difícil desligar la retórica incendiaria del jefe de gobierno con la espiral de violencia desatada.

Venezuela se ha convertido en fuente inagotable de malas noticias. Los hechos violentos ocurridos la madrugada del martes pasado le dieron la vuelta al mundo. Las dos bombas que estallaron de manera casi simultánea en la misión diplomática de España y en el consulado de Colombia, en Caracas, mostraron un rostro inédito, mucho más peligroso, del conflicto venezolano. El terrorismo pudiera ser la última arma empleada por los partidarios de Chávez para aplastar la resistencia de la sociedad civil.

Afortunadamente los atentados no cobraron vidas humanas. Aunque cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas una niña de cuatro años, debido a la lluvia de vidrios provocada por los estallidos. Las dos sedes diplomáticas sufrieron importantes daños.

La gravedad de estos sucesos no sólo viene dada por las explosiones, sino porque han ocurrido dos días después que Chávez rechazara con enojo la preocupación expresada por Colombia, España y Estados Unidos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cesar Gaviria, por la difícil situación política creada tras la detención de Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras y líder del paro general que durante dos meses puso en jaque el Gobierno.

El terrorismo, a la orden del día en Caracas.

Chávez estaba desesperado por encarcelar a Fernández y a Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), las principales cabezas del paro. En una muestra más de la usurpación del poder judicial por parte del ejecutivo, el gobernante acusó a los jueces de "bandidos cobardes", porque no habían dictado órdenes de detención contra los líderes opositores. Cuatro días después se produjo la captura de Fernández. "Por fin, un juez anoche ofició a la Disip (policía política) para detener a un grupo de personas. Yo fui informado a la medianoche y dije bueno, procedan, era una orden, y me acosté con una sonrisa", afirmó complacido.

A Fernández y Ortega se les acusó de cinco delitos: agavillamiento (conspiración), traición a la patria, devastación, rebelión civil e instigación a delinquir. Al primero le fue abierto un juicio por los presuntos delitos de rebelión civil, e instigación a delinquir. El segundo se sumergió en la clandestinidad debido a que hay una orden de captura en su contra. En la actualidad Fernández se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera del proceso. De ser declarado culpable podría ser condenado a más de 20 años de prisión.