El diputado socialista chileno Juan Pablo Letelier fue procesado el lunes por recibir dinero ilegalmente de una empresa privada a cambio de favores, informó la AP.

El juez especial Carlos Aránguiz encausó a Letelier, detenido el 22 de mayo, bajo cargos de cohecho y negociación incompatible.

El diputado es hijo del ex ministro de Defensa y ex canciller del gobierno socialista de Salvador Allende, Orlando Letelier, asesinado durante su exilio en Washington en septiembre de 1976, con una bomba que voló su automóvil. La justicia estadounidense dictaminó que la operación fue ejecutada por agentes de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), de la dictadura del general Augusto Pinochet.

El juez Aránguiz investiga desde noviembre denuncias de corrupción contra miembros de la coalición de centro-izquierda que gobierna Chile, en las que han sido implicados ex funcionarios públicos y empresarios privados, además de parlamentarios.

La investigación judicial reveló que Letelier había realizado gestiones en favor de una escuela de conducción, cuyos dueños aportaron 18 millones de pesos, unos 25.500 dólares, a su campaña política.

Los dueños de la escuela de conducción, camaradas de Letelier en el Partido Socialista (PS), están detenidos desde el sábado por orden de Aránguiz, que el lunes les abrió un juicio por soborno.

El juez también investiga un supuesto robo al fisco de parte de los dos empresarios que habrían cobrado a un organismo fiscal por cursos que nunca realizaron.

El grave hecho de corrupción que investiga Aránguiz aqueja hace meses al gobierno del presidente Ricardo Lagos, quien al estallar el caso en octubre dijo que se debía investigar "caiga quien caiga".

Los alcances de la investigación han terminado por causar el peor traspié a la coalición de centro-izquierda Concertación, que gobierna el país desde el fin de la dictadura en 1990.

Lagos no imaginó que poco a poco irían cayendo en las redes judiciales su ex ministro de Obras Públicas y colaborador cercano, Carlos Cruz, otros cuatro diputados oficialistas y decenas de funcionarios públicos y académicos de la Universidad de Chile.

El director de comunicaciones de la Corte Suprema, Miguel González, informó que el juez le negó la libertad bajo fianza a Letelier debido a que aún quedan "diligencias pendientes" en el proceso que investiga.

Aránguiz vinculó a algunos de los procesados con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde se pagaron sobresueldos al margen de la ley.