El presidente venezolano, Hugo Chávez, firmó este lunes un polémico decreto sobre "reorganización de la tenencia y uso de las tierras con vocación agrícola", con el que pretende acelerar el reparto de terrenos públicos y privados "ociosos", informó EFE.

"Estamos aquí, retomando con fuerza esta batalla (…) este problema tenemos que enfrentarlo y dominarlo, la guerra contra el latifundio es esencia de la revolución bolivariana", dijo Chávez en un discurso ante centenares de campesinos.

Chávez firmó el decreto en un acto en Caracas realizado bajo el título "Misión Zamora, guerra contra el latifundio", al que asistieron los gobernadores oficialistas de 19 de los 23 estados del país y varios integrantes del gabinete ejecutivo.

Según el gobernante, la lucha contra la tierra ociosa busca desarrollar el abandonado campo de Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, y acabar con la dependencia alimentaria del país, que importa el 80% de la comida que consume.

El gobernante tomó juramento a una "comisión agrícola nacional", presidida por el ministro de Agricultura y Tierra, Antonio Albarrán, que se encargará de la "inserción en el proceso productivo destinado al desarrollo agrario nacional de las tierras ociosas, abandonas o infrautilizadas".

"Esta comisión tendrá la tarea fundamental de coordinar todo el trabajo de fiscalización e inspección de las tierras para determinar la propiedad y su uso", afirmó Chávez.

Agregó que una "falla estructural" que su gobierno no ha podido resolver "es la tenencia desigual de la tierra", aunque atribuyó parte del fracaso oficial a la actuación de la "oligarquía y la contrarrevolución".

Citó datos de un censo nacional de 1998, según el cual "menos del 5% de la población es propietario u ocupante de tierras en Venezuela".

La comisión agrícola, creada con "carácter temporal", será la responsable "de la asignación de las tierras" de vocación agrícola en estado ocioso "a grupos de población y comunidades organizadas para su aprovechamiento productivo y sostenible", según el decreto.

En el acto oficial, los 19 gobernadores presentes también suscribieron decretos regionales para acelerar la "revisión y fiscalización" de las tierras con vocación agrícola en sus respectivas jurisdicciones.

La expropiación de tierras es un tema controvertido en Venezuela, y es uno de los argumentos que esgrime la oposición para acusar a Chávez de dictador y de intentar instaurar un régimen como el que encabeza Fidel Castro en Cuba.

La aprobación por decreto presidencial de la polémica Ley de Tierras propició en diciembre de 2001 la primera de una serie de huelgas patronales y sindicales que agitaron la crisis política en el país, cuyo punto álgido se registró en abril de 2002, con los sucesos que sacaron a Chávez del poder durante 48 horas.

El gremio de ganaderos Fedenaga rechazó la aplicación de decretos antilatifundios y pidió a Chávez "rectificar" su política en la materia.

"Este no es el camino correcto. Si se quiere eliminar la propiedad y la institucionalidad, significará la pérdida de la paz", dijo el presidente de Fedenaga, José Luis Betancourt.