El Congreso de Bolivia ratificó en el cargo el martes por la noche al presidente Carlos Mesa, pese a la amenaza del principal partido de oposición de desatar de inmediato una nueva ola de protestas sociales en el país, informó Reuters.

"Se nos ha abierto otra oportunidad, hemos construido un nuevo escenario que debemos aprovechar (…) el clamor del país nos está pidiendo trabajar juntos", dijo Mesa ante el Congreso, después de que su dimisión quedara sin efecto.

El Congreso resolvió "negar la renuncia al cargo" presentada por Mesa el lunes, dijo el texto de la resolución sometida a votación y aprobada por amplia mayoría.

Antes de la votación, los legisladores fueron informados oficialmente sobre un acuerdo de gobernabilidad logrado previamente entre el presidente y la mayoría de los partidos políticos para poner fin a la crisis iniciada con la renuncia, que Mesa justificó por la ola de protestas que enfrentaba.

En aparente respuesta a críticas que recibió en los últimos días, Mesa se comprometió a trabajar "hombro a hombro" con el Congreso, empezando por concertar el texto definitivo de una polémica Ley de Hidrocarburos, clave para la explotación de las reservas de 54 billones de pies cúbicos de gas natural que tiene Bolivia.

Mesa, un político independiente sin representación parlamentaria formal, defendió su fugaz renuncia como un intento de "obligar al país a reflexionar" y aseguró que habría presentado una dimisión irrevocable si el acuerdo de gobernabilidad no se hubiera logrado.

El presidente boliviano convocó de nuevo a un esfuerzo nacional de diálogo, anunció para el jueves venidero una jornada de rechazo a los bloqueos de carreteras y llamó al líder opositor y dirigente cocalero Evo Morales a una negociación directa en busca de pactos en beneficio de la empobrecida mayoría boliviana.

La sesión del Congreso fue precedida por una negociación de seis horas en la que Mesa buscó personalmente el acuerdo, finalmente firmado pese a la negativa de última hora de dos importantes partidos de oposición.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), del ex presidente Jaime Paz Zamora, dijeron por separado que no firmarían el trato, negociado como condición para ratificar a Mesa.

El portavoz parlamentario del MAS, Santos Ramírez, dijo que este partido no aceptaba la exigencia gubernamental de suavizar las cargas tributarias contempladas en la Ley de Hidrocarburos. "Aprobar esa ley hará que seamos siendo un país pobre", argumentó.

Ramírez agregó que el MAS, que dirige bloqueos de la carretera troncal del país en la región productora de coca de Chapare, coordinará el jueves nuevas protestas con la unitaria Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y organizaciones vecinales.

El senador Hugo Carvajal, líder parlamentario del MIR, afirmó a su vez que este partido consideraba inviable un acuerdo sin el MAS, organización que, según observadores políticos, está detrás de la mayoría de los bloqueos y otras protestas sociales que Mesa puso como pretexto para renunciar.

El acuerdo entre Mesa y parte del Congreso contempla un compromiso para acelerar la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos y garantizar la próxima convocatoria a una Asamblea Constituyente y a un referendo sobre autonomías regionales.

El documento incluyó la suspensión inmediata de huelgas y bloqueos, medidas respaldadas abiertamente por el MAS.

En el proceso de aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, la cámara de diputados aprobó la semana pasada un régimen tributario consistente en un impuesto directo del 32% y una regalía del 18%, pero el partido de Morales anunció que impulsará bloqueos y otras protestas para forzar la revisión de esa medida.

El MAS plantea que las regalías que pagan las transnacionales petroleras al Estado sean de un 50%, algo que Mesa rechaza por considerarlo "confiscatorio" y perjudicial para conseguir la inversión que necesita Bolivia para salir de la pobreza en que viven la mayoría de sus habitantes.

El líder de la COB, Jaime Solares, amenazó con sabotajes a las empresas internacionales que operan en Bolivia, en caso de que una discutida Ley de Hidrocarburos no incluya la salida de esas compañías del país, entre ellas la estatal brasileña Petróleos de Brasil (Petrobras), informó Europa Press.

"Si esas empresas no dejan el país vamos a sabotearlas. Vamos a atacar líneas de transmisión. Vamos a explotar las canalizaciones de gas. Los bolivianos están sublevados", amenazó Solares, en una entrevista divulgada este miércoles por el diario Correio Braziliense.

Las demandas de la COB, agregó, son "la nacionalización de los hidrocarburos y expulsar a todas las empresas extranjeras del país. Son todos saqueadores, pues no quieren pagar impuestos", dijo.

"Por eso salimos a las calles. Vamos a expulsar a todos, tarde o temprano. No vamos a permitir que continúen aquí", indicó.

Solares calificó a Mesa de "canalla mentiroso" que se convirtió en el "gerente de las transnacionales, defendiendo a Petrobras, Chaco, Repsol YPF y todas las otras".

"La inversión privada no está generando empleos, sino acabando con nuestros recursos naturales. Es una vergüenza que (el presidente de Brasil, Luis Ignacio) Lula da Silva permita que Petrobras sea una empresa saqueadora".

Petrobras "tiene que salir de aquí (de Bolivia) como las otras", añadió.

El COB, el MAS, la Confederación de Campesinos y la denominada Coordinadora del Agua de Cochabamba anunciaron la firma de un pacto "Por la dignidad nacional" para rechazar el acuerdo de obernabilidad suscrito entre los partidos tradicionales y el presidente Mesa, informó el diario boliviano El Deber.

Los dirigentes se declararon el martes por la noche "en pie de guerra" hasta conseguir reformas a la Ley de Hidrocarburos.

El diputado Santos Ramírez anunció que convertirán las oficinas de la COB en un "cuartel general" de las futuras movilizaciones en contra de lo que ellos consideran "el bloque transnacional", personificado en los parlamentarios de los partidos tradicionales.

Ante este panorama de mayores conflictos, la Policía ordenó activar dispositivos de seguridad, prevención y disuasión.