En un polémico fallo, una comisión legislativa de Perú halló culpable el martes al presidente del país, Alejandro Toledo, del delito de fraude electoral.

La comisión dice que Toledo fue coautor de asociación ilícita para delinquir y delitos contra la fe pública, al participar en la presunta falsificación de más del 80% de las 520.000 firmas utilizadas para inscribir en 1997 a su grupo político, el movimiento Perú Posible, con el que participó en los comicios de 2000.

La comisión recomendó una sanción constitucional para Toledo por "entorpecer las investigaciones", aunque no hubo consenso entre sus miembros en cuanto al castigo, informó Reuters.

La validez del informe, de 335 páginas y cuestionado por dos de los cinco miembros de la comisión que investigó durante siete meses a Toledo, será debatida en los próximos días por el Congreso unicameral.

El presidente de la comisión, Edgar Villanueva, recomendó que se discuta la vacancia presidencial pues se acreditó la existencia de "una organización criminal" que habría planeado la falsificación de firmas.

"Por deméritos políticos procede la vacancia presidencial, procede el despojo del cargo", dijo Villanueva, un ex militante de Perú Posible, a periodistas.

"Será el Congreso el que decida y queremos dejar claramente establecido que será una salida constitucional", agregó.

Entre otras recomendaciones, se solicitó inhabilitar a Toledo para asumir cargos públicos durante 10 años o que las investigaciones pasen a la Fiscalía para su ampliación.

"Ese informe no sirve (…) y sus acusaciones no tienen ningún valor", dijo el primer ministro, Carlos Ferrero, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Este es el escándalo más grave que enfrenta Toledo, quien tiene sólo un ocho por ciento de popularidad y en julio de 2006 culminará su mandato. En su investigación, la comisión entrevistó a Toledo, quien rechazó la acusación en una declaración que se negó a firmar.

El legislador oficialista y miembro de la comisión Marcel Ayaipoma dijo que se debió archivar la investigación por falta de pruebas y que las recomendaciones son un exceso a puertas de las campañas electorales con miras a los comicios del año próximo.

"Son medidas extremas, sólo falta que se diga que lo fusilen (a Toledo)", afirmó Ayaipoma a periodistas.

La comisión también acusó a Margarita Toledo, la hermana del presidente, del delito de asociación ilícita para delinquir en la falsificación de firmas. Otras 39 personas, entre funcionarios y testigos, fueron acusadas en el caso.

Los escándalos de corrupción en los que está sumido Toledo han causado la renuncia de hasta siete ministros e involucran a 19 miembros de su familia, incluyendo a su esposa.