La nueva Ley de Hidrocarburos, promulgada el martes por el Congreso de Bolivia, no ha logrado aplacar las protestas sociales, y el corte de rutas se mantenía este miércoles en cuatro regiones del país, en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos, informó la AP.

La ley otorga al Estado boliviano más control en el negocio petrolero y aumenta los impuestos a las multinacionales. Sin embargo, la oposición y los sindicatos la consideran todavía muy favorable a las empresas privadas.

Las protestas callejeras en La Paz han disminuido en intensidad, pero en la ciudad de El Alto, colindante con la capital boliviana, los opositores anunciaron que continuarán sus presiones sobre el gobierno y amenazaron con un paro.

"El único instrumento de lucha que tenemos es salir a las calles porque la ley legaliza los contratos con las petroleras que son ilegales", dijo el concejal alteño Roberto de la Cruz. Los habitantes de El Alto también quieren el cierre del Congreso.

Cientos de mineros mantenían cortadas el miércoles las rutas en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, por demandas sectoriales a las que han agregado la nacionalización de los hidrocarburos y el cierre del Congreso. El gobierno mantiene negociaciones con el sector para superar la crisis.

El presidente del Congreso de Bolivia, Hormando Vaca Diez, promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos el martes, en medio de duros cuestionamientos al presidente Carlos Mesa, que previamente se abstuvo de hacer observaciones a la norma, informó la AFP.

La legislación "es mejor que la que estaba vigente" desde 1996 y que entregó el control de los hidrocarburos a empresas multinacionales, dijo Vaca Diez ante el plenario. "Le va a dar más dinero a los bolivianos", agregó.

La recién promulgada normativa mantiene las regalías que pagan las petroleras en el 18%, pero crea un impuesto directo a la producción del 32%, con lo que la carga tributaria asciende al 50%. Por otra parte, obliga a que los contratos entre las petroleras y el Estado sean adecuados al nuevo texto legal.

A pesar de que las reglas de juego han cambiado, las empresas petroleras que operan en Bolivia anunciaron que se quedarán en el país, aunque congelarán sus inversiones.

"Consideramos que esta ley tiene un carácter confiscatorio que afecta derechos reconocidos por los contratos, las leyes, la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales", dijo la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) en un comunicado difundido poco después de que el Congreso promulgara la norma.

El comunicado de la CBH agrega que la norma en vigencia "afectará negativamente las futuras inversiones y el desarrollo de la industria en circunstancias en la que el país más lo necesita".

Señala que "cada empresa tomará las medidas adecuadas, dentro del más riguroso respeto de la legalidad, a fin de proteger sus derechos".

Por su parte, el presidente de la patronal, Roberto Mostafá, dijo a la prensa que "la ley de hidrocarburos condenará a Bolivia al subdesarrollo" y agregó que el mayor impacto se sentirá en la falta de inversiones para desarrollar las reservas.

Las principales afiliadas a la CBH son la española Repsol YPF, las británicas British Gas y British Petroleum, así como la brasileña Petrobras y la francesa Total.

La nueva ley, que llevó a un referendo y mantuvo en vilo y polarizado al país los últimos diez meses, abrogó automáticamente la promulgada hace casi una década por el derrocado presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Además de recuperar para el Estado la propiedad de los hidrocarburos en punto de producción y refundar la compañía estatal de petróleos para que participe, junto a privados, en el proceso de producción y comercialización de hidrocarburos, obliga a las petroleras a pasar obligatoriamente de un régimen de riesgo compartido a otro de producción y ganancias compartidas.

El opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), del cocalero Evo Morales, criticó duramente la nueva legislación señalando que reconoce incentivos estatales a la exportación, lo que supuestamente compensa el pago del 32% de impuestos y merma los ingresos impositivos.

Según el MAS, la ley también evita la industrialización de hidrocarburos en Bolivia, además de facultar a las petroleras para el control de los precios en el subvencionado mercado interno.

El MAS, segunda fuerza en el Congreso, pretende que el Estado boliviano cobre a las petroleras un 50% de regalías y tenga facultades para fijar precios del gas en el mercado interno y externo, según el diputado Santos Ramírez.