El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón, criticó este martes el trato dado al cardenal Jaime Ortega por autoridades migratorias del aeropuerto de Miami, Florida, informó la AFP.

"Se trata de un hecho inadmisible, lo menos que debió haber hecho el gobierno federal de Estados Unidos es haberle presentado excusas y haber tratado de disciplinar un poco a los funcionarios que cometieron ese hecho", dijo Alarcón al responder una pregunta de la prensa.

Monseñor Ortega, arzobispo de La Habana y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), viajó a Miami el pasado 25 de febrero "por razones familiares para una estancia de tres días", dijo la COCC el 3 de marzo pasado en una nota que no fue publicada por los medios oficialistas de la Isla.

A su llegada a esa ciudad, Ortega fue enviado a una oficina para viajeros con problemas en sus documentos, donde tuvo una larga espera antes de ser conducido a otro local para interrogarlo.

Los funcionarios estadounidenses "quisieron abrirle una especie de expediente de peligrosidad, que comenzaba por una serie de preguntas que (el Cardenal) rehusó contestar".

"Durante los intercambios con los funcionarios de Inmigración, el trato recibido por el Cardenal Jaime Ortega fue seco y descortés", dijo la COCC en su nota.

Alarcón, también miembro del Buró Político del Partido Comunista, señaló que "este caso es evidentemente una falta de respeto no sólo a su investidura religiosa sino que se trata de una persona que trató de hacer un viaje legal y que además tenía un pasaporte diplomático, expedido por el Vaticano".

Agregó que "hay que tomar en cuenta que eso está ocurriendo en el contexto de una intensificación de las actividades represivas en ese y otros aeropuertos (estadounidenses) y a veces conduce a situaciones disparatadas".

Las declaraciones de funcionarios cubanos sobre representantes de la Iglesia Católica son inusuales.

La Iglesia suele quejarse, entre otras cosas, de la imposibilidad de abrir escuelas religiosas independientes y de obtener espacios en los medios de comunicación de la Isla, todos bajo control del Estado. También de los escasos permisos de entrada que concede el gobierno a sacerdotes extranjeros destinados a Cuba.