Varios de los opositores detenidos en Cuba desde el 18 de marzo comenzarán a ser juzgados el jueves de manera sumarísima, según informaron familiares citados por la agencia AP.

Las penas solicitadas por el gobierno de Fidel Castro van desde los 15 años de prisión a la cadena perpetua. Las esposas de algunos detenidos recibieron ya un expediente titulado Sala de delito contra la Seguridad del Estado en función de lo penal.

Los disidentes serán acusados de acciones en interés de un Estado extranjero, y en detrimento de la soberanía nacional. El principal argumento utilizado por el gobierno, hasta el momento, son los supuestos vínculos de los opositores con presuntas "actividades conspirativas" de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, aunque algunos de los arrestados no han tenido contactos con los funcionarios estadounidenses en la Isla.

"Fuimos al bufete colectivo y nos informaron que los juicios serán de jueves a domingo", indicó la periodista independiente Claudia Márquez, esposa del disidente detenido Osvaldo Alfonso.

Gisela Delgado Sablón, directora del Proyecto de Bibliotecas Independientes, informó que La Habana ha pedido la prisión de por vida para connotados dirigentes de la oposición como su esposo, Héctor Palacios Ruiz, director del Centro Independiente de Estudios Sociales, y Martha Beatriz Roque, una de las líderes principales de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil.

Otro grupo de opositores podría enfrentar penas de 20 años de cárcel. Entre ellos el poeta Raúl Rivero, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, y el economista Oscar Espinosa Chepe.

Periodistas independientes como Julio César Gálvez y Manuel Vázquez Portal podrían ser condenados a 18 años de cárcel. Mientras, los también periodistas Jorge Olivera y Edel José García enfrentarían peticiones de 15 y 16 años de prisión respectivamente.

La lista de disidentes arrestados en Cuba enumera ya 78 casos, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

Claudia Márquez informó que Amelia Rodríguez, una de las abogadas defensoras asignadas a los detenidos, se retiró del caso alegando problemas de salud.

Rodríguez debía defender a 10 de los disidentes. Sus casos han sido repartidos entre otros tres abogados.