En la carta enviada al juez Garzón, el presidente de Unidad Cubana señala que "con independencia de que la conducta de los empresarios españoles con el gobierno castrista constituya una violación del Convenio 95, adoptado en 1949 por la OIT para la 'Protección del Salario', las regulaciones aplicadas a la contratación de personal cubano por empresas extranjeras, en este caso españolas, violan el inciso (3) del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece:

'Todo el que trabaja tiene el derecho a una justa y favorable remuneración que le garantice a él y a su familia una existencia digna, suplementada si fuere necesario por otras formas de protección social'".

La reclamación de la Federación Nacional Azucarera en el exilio —que consta de 10 folios— dice en sus conclusiones que "miles de trabajadores cubanos han sido sistemáticamente explotados por el gobierno de Cuba en connivencia con los capitalistas extranjeros". Entre las empresas mencionadas aparecen Sherritt, Tibauth, Messier Savar et Asocies, de Canadá, y los grupos hoteleros españoles Meliá, Tryp y Guitart, Domus de México, y Total ELF de Francia.

La FNTAC cifra en varios centenares de millones de dólares los expropiados por el gobierno castrista a los trabajadores contratados en empresas extranjeras que operan en la Isla.

El establecimiento de entidades comerciales en Cuba floreció a partir de 1995, cuando el gobierno procedió a modificar su Constitución Socialista de 1992, con una serie de leyes, en especial la No. 77 del 5 de septiembre de 1995, para enfrentar el vacío financiero que dejaba el cese de los subsidios de la entonces Unión Soviética y del otrora campo socialista, al que el castrismo estaba asociado mediante el desaparecido Consejo de Ayuda Mutua y Económica (CAME).

En esas modificaciones quedó sembrado el germen de la discriminación salarial para los trabajadores cubanos que fuesen empleados por empresas extranjeras. Por ejemplo, en la mencionada ley 77, en su Artículo 33, se precisa que "el personal cubano que preste servicios en las empresas mixtas es contratado por una entidad empleadora aprobada por el Gobierno de Cuba y sólo por excepción directamente por la empresa".

El enroque se ha estado practicando de la siguiente manera: el gobierno garantiza introducir en las plantillas de empresas extranjeras operando en Cuba a ex miembros de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, o colaboradores de estas instituciones, entre otros, con lo que se asegura el acceso a las informaciones de esas empresas y de forma indirecta ejercer un control de sus movimientos.

Sin embargo, ello no ha impedido que paralelamente se haya desarrollado una marcada tendencia entre personal altamente calificado, como médicos y profesores, que han logrado abrir una brecha y obtener contratos en las empresas mixtas para realizar —en muchos casos— trabajos que nada tienen que ver con sus calificaciones profesionales, pero que al percibir determinadas migajas de dólares pueden llevar cierta mejoría a sus hogares.

De igual forma, los empresarios extranjeros no pueden pagar directamente al personal contratado, sino exclusivamente a las entidades creadas por el gobierno para dirigir toda la acción empresarial foránea en la Isla, como son las citadas Cubalse y Acorec, las que a su vez convierten los haberes en pesos cubanos y con ello pagan a los empleados nativos.

En todo caso, aún cuando queda pendiente la decisión de la Audiencia Nacional de España de aceptar o rechazar la petición formulada por Unidad Cubana y la Federación Azucarera, el enfoque de la FNTAC saca a la palestra particularidades de un sistema de empresas mixtas, que encubre la violación de los derechos de los trabajadores.