Cuando aún no se había acallado el escándalo desatado por las fotos tomadas en la prisión iraquí de Abu Ghraib, informaciones que la prensa estadounidense publicó en junio continuaron poniendo en entredicho el compromiso de la administración Bush con tratados internacionales suscritos por Estados Unidos en materia de derechos humanos y derecho humanitario. A finales de junio, la Corte Suprema estadounidense emitió dos fallos que obligarán a la Casa Blanca a suspender algunas de sus más polémicas medidas en lo referido a la detención de sospechosos de terrorismo.

Presidente norteamericano Bush.

El 7 de junio, el reportero investigativo Jess Bravin, del diario neoyorquino The Wall Street Journal, dio a conocer un memorándum jurídico, fechado el 6 de marzo de 2003, que un grupo de trabajo conformado por abogados civiles y militares habían redactado a instancias del secretario de Defensa Donald Rumsfeld. El memorándum sostenía que el presidente Bush no estaba obligado a cumplir tratados internacionales ni disposiciones penales estadounidenses que prohíben la tortura. Como reflejo de la pugna entre varios sectores del gobierno, los asesores jurídicos del Departamento de Estado, encabezado por Colin Powell, se opusieron a los argumentos del documento.

Entrevistado el 8 de junio en el programa informativo The NewsHour, trasmitido por la cadena pública PBS, Bravin explicó que el memorándum tuvo como origen las quejas de miembros de las fuerzas armadas que custodian a los aproximadamente 595 detenidos en la Base Naval de Guantánamo, bajo sospecha de pertenecer a las fuerzas de los talibanes o a la organización terrorista Al Qaeda.

Según Bravin, hacia finales de 2002 y frente a la imposibilidad de sacarles información a varios detenidos, algunos interrogadores en Guantánamo comenzaron a emplear diversos métodos para extraer información, entre ellos las amenazas de muerte a los detenidos y sus familiares. La posibilidad de que tales métodos fueran ilegales generó molestias e inquietudes entre varios oficiales de las fuerzas armadas, lo que llevó a Rumsfeld a conformar un grupo de trabajo que definiera los parámetros legales a emplear en los interrogatorios en la "guerra contra el terrorismo".

Lo que Rumsfeld 'aprobó'

Según el diario The Washington Post, el grupo de trabajo analizó al menos 35 técnicas de interrogatorio y Rumsfeld, posteriormente, aprobó 24 de ellas en una directiva secreta, firmada el 16 de abril de 2003, que se aplicaba a la Base Naval de Guantánamo. Hasta mediados de junio de 2004, el Pentágono se negaba a revelar en qué consistían las 24 técnicas aprobadas. El memorándum del 6 de marzo de 2003 se fundamentaba en gran parte en otro, fechado el 1 de agosto de 2002, que el Departamento de Justicia había elaborado a petición de la CIA y que estaba dirigido a Alberto R. Gonzáles, consejero jurídico de la Casa Blanca.

Tras las revelaciones del Wall Street Journal, la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado estadounidense, presidida por el senador republicano Orrin Hatch, celebró una audiencia en la que senadores demócratas interpelaron al Fiscal General de Estados Unidos, John Ashcroft, y le solicitaron copias de los dos documentos. Ashcroft se negó, sin siquiera invocar el "privilegio ejecutivo" e insistió en numerosas ocasiones en que la administración Bush en todo momento se había adherido al Derecho Internacional y a las leyes estadounidenses.