Las transnacionales suelen estar en el extremo opuesto a las entidades caritativas deseosas de la igualdad y la justicia social. Su primera razón de ser es el lucro, y cuanto más, mejor. Pero si los bolivianos que han bloqueado tantas carreteras y apedreado los autobuses de ruta, consiguen sus radicales demandas "se van a quedar sin soga y sin cabra" —como se dice en Sudamérica—.

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Es sabido que las reservas bolivianas de gas son de 52 trillones de pies cúbicos: la segunda más importante de Sudamérica y superior a las que tienen en conjunto Argentina, Brasil, Chile y Perú. Estas reservas están en manos de las compañías transnacionales de Repsol, Total, Amoco, Petrobras, Pluspetrol, Tesoro BG, Vintage, Maxus y Perez Companc. Otro tanto ocurre con el agua, en manos de Aguas del Illimani-Suez, transnacional que quieren expulsar del país a como dé lugar.

Las demandas populares se desataron ante la aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, propuesta por las organizaciones sociales, que plantean la llamada "defensa de la gestión social del agua" y la expulsión definitiva de la transnacional Aguas del Illimani-Suez de El Alto de La Paz. Además, exigían la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y que esta contemplara el 50% de regalías como mínimo y el rechazo a la aprobación de la inmunidad para los empresarios vinculados a los norteamericanos, lo mismo que al Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Acuerdo de Libre Comercio (ALCA).

El artículo clave de la nueva ley de hidrocarburos fue aprobado a duras penas días atrás, en una tormentosa sesión en la que menudearon denuncias de irregularidades. La votación terminó empatada entre dos proyectos, ante lo cual la diputada Norah Soruco, que presidía la sesión y de acuerdo al reglamento parlamentario, ejerció su facultad dirimente y resolvió la votación. Solamente así pudo imponerse la fórmula del presidente de la Cámara, Mario Cossío, de mantener el cobro del 18 por ciento vigente y agregar un 32 por ciento de impuesto a la producción. Pero el Movimiento al Socialismo (MAS) y otras fuerzas han liderado el caos social persistiendo en elevar las regalías al 50 por ciento. Entonces el presidente Carlos Mesa presentó su renuncia al Congreso, debido a una obvia ingobernabilidad que los líderes de la revuelta han bautizado con el curioso apelativo de chantaje.

¿Lucha institucional o caos desproporcionado?

La cosa toma tintes de majadería, si se tiene en cuenta el argumento innegable de que, por normas contractuales, no se puede aumentar las regalías de 18 a 50 por ciento de un día para otro: ello expondría a Bolivia a acciones legales de las transnacionales.

Imaginemos por un momento que se cumple el sueño dorado de sindicalistas y socialistas de que los "despiadados" intereses transnacionales salgan de Bolivia y todo quede en manos del gobierno y el pueblo trabajador. Sin el TLC y sin el ALCA, sin empresas explotadoras de gas natural. Y sin salida al mar. Lo único que les falta es declarar una Republica Indigenista Independiente y belicosa. Porque una cosa es plantear una lucha institucional dentro de los márgenes de orden que implica toda democracia, y otra muy distinta es pretender la legalidad desde el caos desproporcionado.

Alguien debería cuantificar las pérdidas que representan el bloqueo de vías de transporte neurálgicas en medio de los Andes, los paros sistemáticos y el vandalismo irreflexivo. Muchos sesudos expertos se volverían gente sumamente útil si calcularan las pérdidas, en términos de demandas judiciales y ausencia de gestión económica, que representaría la retirada de muchas empresas inversionistas. Teniendo en cuenta que estamos en un país cuya infraestructura tecnológica no le permite explotar ni comercializar óptimamente sus recursos.

No es que las transnacionales constituyan el paraíso del desarrollo boliviano, que de santas no tienen ni un pelo ni un gerente. Pero asumir que si estas se retiran, luego ocurrirá algo mejor es, por decir lo menos, una típica ingenuidad andina. Sería como pretender acabar con la corrupción política declarando una nación ciento por ciento incontaminada de políticos. Es difícil imaginar, en el mundo de hoy, un modelo que se base en la marginalidad y la revuelta.

Lo cierto es que el rechazo del Congreso a la oferta de renuncia del presidente Mesa dejó fortalecida su figura, en momentos en que las protestas y los cortes de ruta estaban ahogando a su administración. No obstante, como en Bolivia se ha vuelto un deporte nacional salir a la calle y armar todo el desastre posible, se le hace muy fácil a los socialistas y sindicalistas decir que las protestas no cesarán hasta lograr aquello del 50 por ciento de regalías.

Igualmente, en cuestión de horas podría producirse la renuncia irrevocable de Mesa, ante el posible rechazo, por parte del Congreso, de sus planes para adelantar las elecciones.

Lamentablemente nunca podremos decir, como en el poema de Vallejo, "allá ellos". En este momento en que las economías asiáticas apuntan a la hegemonía, Sudamérica no está en condiciones de permitirse lujos de pobreza.