AFP/ Miami. Ronald Dresnick, juez del condado de Miami-Dade, determinó el jueves que Fidel Castro, su hermano Raúl, el Ejército y el gobierno de Cuba deben pagar 86,5 millones de dólares a una mujer que los demandó por la ejecución de su padre, un piloto derribado durante la invasión de Bahía de Cochinos, en 1961.

"Honré a mi padre, di la cara por él", dijo la demandante, Janet Ray, en una conferencia de prensa en la que se dio a conocer el fallo.

Cuestionada sobre cómo pensaba cobrar el dinero, la mujer de 50 años aseguró que no le interesa, "sólo quiero que algo bueno salga de toda esta tragedia", dijo, "estaré contenta cuando Cuba sea libre".

La demanda fue presentada por la mujer en nombre de su padre, Thomas Pete Ray, derribado durante la fallida invasión de abril de 1961.

Janet Ray dijo a la corte de Miami, en donde Cuba no estuvo representada, que su padre sobrevivió al derribo del avión de la CIA en que volaba, pero afirmó que fue rematado y que su cuerpo fue mantenido 18 años en una morgue de La Habana.

Durante años, la mujer escribió cartas a Castro y buscó ayuda de un miembro del Congreso para recuperar el cuerpo de su padre, que La Habana sólo aceptó devolver en 1979.

Un forense norteamericano certificó que Pete había sobrevivido a la caída del avión y que su muerte había sido producto de un balazo en la cabeza.

"Pete Ray no recibió ninguna protección internacional o derechos otorgados a los prisioneros de guerra antes de su ejecución", dijo en su decisión el juez Dresnick.

"Fue víctima de un asesinato extrajudicial", agregó, "tanto Fidel como Raúl Castro debieron haber sido consultados y deben haber aprobado la ejecución".

Según el juez, debido a la muerte, Janet Ray, quien tenía seis años en 1961, fue "privada de una niñez normal", y debe ser compensada.

El juez otorgó Ray 65 millones de dólares por daños punitivos y 18 millones por sufrimientos y, a nombre de su padre, 3,5 millones por daños económicos y 50.000 dólares por el sufrimiento padecido antes de morir.

El abogado de la demandante, León Patricios, dijo en la conferencia de prensa que el próximo paso es intentar cobrar el dinero de cuentas cubanas congeladas, bienes congelados o de la cuenta en la que Estados Unidos deposita pagos por el arrendamiento de la base naval de Guantánamo, que La Habana no reconoce.

La demanda fue presentada bajo el amparo en una ley de 1996 que permite pedir compensaciones a las víctimas de Estados considerados "terroristas" por Estados Unidos.

Dresnick determinó en la demanda que la prueba presentada demostró que el cubano "es y fue en todo momento relevante (al caso) un Estado terrorista debido a sus acciones desde 1959".

Castro ya ha perdido otras demandas similares, incluyendo una de más de 90 millones de dólares presentada por familiares de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate, cuyos aviones fueron derribados por cazas del Ejército cubano en aguas internacionales.

Los pagos se hicieron con fondos congelados a La Habana en Estados Unidos.