Expertos venezolanos han calificado de "peligroso" un convenio de cooperación en asuntos penales firmado por los gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro.

La Ley sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, que fue publicada en la Gaceta Oficial venezolana el pasado 22 de diciembre, prevé la "asistencia mutua" en aspectos relativos a la "recepción de testimonios o declaraciones", "facilitación de documentos, expedientes y elementos de prueba", "el traslado de personas detenidas a los efectos de prestar testimonio u otros motivos", y la "inmovilización de activos", informó la AP.

El diputado oficialista Ricardo Sanguino defendió el convenio y dijo que, a pesar de que Cuba "tiene un sistema político distinto", puede "asesorar" a Venezuela.

"Allá también hay delincuencia, allá también se aplican políticas penales de recuperación y de reinserción de los ciudadanos que cometen delitos", declaró Sanguino.

El diputado negó que se trate de un convenio de extradición. Sin embargo, algunos expertos creen que se ha creado un poderoso instrumento para reprimir posibles disidencias entre los más de 30.000 cubanos que se encuentran en Venezuela.

Al mismo tiempo, avisan que el acuerdo podría ser utilizado para someter a juicio en la Isla a activistas de la oposición venezolana cuyas acciones sean consideradas ataques a la seguridad o la soberanía cubanas.

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Tulio Álvarez, consideró que este es un "convenio peligroso".

El acuerdo "permite a los funcionarios cubanos, en forma directa, sin ningún tipo de vía judicial, investigar en Venezuela bienes, personas y allegados a esas personas para juicios en Cuba", y lo hace "prácticamente sin límites'', dijo Álvarez, informó el diario estadounidense El Nuevo Herald.

"Lo peor es que pueden recoger y presentar pruebas documentales contra venezolanos", añadió.

"Si yo, como venezolano, emito una opinión contra el régimen cubano, y me manifiesto contra la figura —que no dudo en calificar de dictador— del señor Fidel Castro, aquí podrían abrirme una investigación penal a solicitud de un tribunal cubano. Y eventualmente podría ser extraditado a Cuba", ejemplificó Álvarez.

Para Jesús Quintero, profesor de derecho penal de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el convenio "está poniendo el sistema judicial venezolano, que todavía tiene un carácter democrático, al servicio de una justicia totalitaria".

"Y el temor es que el gobierno de Cuba vaya a perseguir a personas en territorio venezolano", afirmó.

El acuerdo, de 19 artículos, establece que la cooperación tendrá un carácter "confidencial" y no incluirá casos de delitos políticos o militares. No obstante, dice al mismo tiempo que la colaboración también puede ser prestada en estos casos, mediante una negociación entre los ministros de Justicia de ambos países.

"Si se trata de un delito político o militar el que está siendo objeto de investigación en Cuba, y sobre el cual se pide asistencia a la autoridad venezolana, la autoridad venezolana se puede rehusar a prestar esa asistencia. Pero antes de negarse formalmente, la autoridad venezolana debe consultar con la autoridad cubana sobre la posibilidad de que conceda la asistencia con otras condiciones que se estimen necesarias. En definitiva, sí se podría prestar la asistencia en casos políticos o militares", dijo Quintero.

El acuerdo aclara que la cooperación se prestará "independientemente de que el motivo de la investigación, el enjuiciamiento o el procedimiento en el Estado Requiriente sea o no un delito con arreglo a las leyes del Estado Requerido".

Según El Nuevo Herald, Quintero explicó que con el convenio un policía o agente de seguridad cubano podría ir a Venezuela a interrogar a un testigo, sea cubano o venezolano. "El tratado no establece cómo va a ser evacuada una diligencia de esta clase, lo cual genera preocupación por el posible uso de medios violentos".

Ciudadanos venezolanos también podrían ser trasladados a Cuba para declarar. Si el juez cubano considera que la persona ha incurrido en falso testimonio o en injurias al tribunal, a esa persona se le puede abrir un juicio en Cuba, "sin ninguna garantía de que (…) sea devuelta a Venezuela", afirmó Quintero.

Además, podrían abrirse juicios en Cuba contra personas que se hayan refugiado en Venezuela. El país sudamericano "deja de ser un santuario de protección para perseguidos políticos cubanos", dijo el académico.