AFP/ Ginebra. El caso de la doctora cubana Hilda Molina, a quien las autoridades de La Habana le han denegado la autorización para viajar a Argentina a visitar a su único hijo, su nuera y sus nietos, fue denunciado este viernes en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.

Frank Calzón, en nombre de la Organización No Gubernamental Liberal Internacional, con sede en Londres, recordó que Molina es una conocida neurocirujana y antiguo miembro del Partido Comunista de Cuba y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, por quien "el presidente de Argentina escribió a (Fidel) Castro, pidiéndole que concediera el permiso necesario" para viajar a Buenos Aires.

Pero la doctora Molina y su anciana madre "permanecen como rehenes en la Habana", afirmó Calzón.

La delegación de La Habana en la Comisión anticipó a la AFP que no ejercerá el derecho a réplica contra la intervención de Calzón, un cubano residente en Washington, que dirige el Centro para una Cuba Libre, y que el año pasado fue agredido físicamente en los pasillos de la Comisión precisamente por personal de la representación de la Isla.

Sobre el caso de Hilda Molina, la ONG Nuevos Derechos del Hombre (NDH), acreditada en la ONU, ha distribuido una declaración escrita en la que puntualiza los principios de Naciones Unidas que son violados por la negativa del gobierno de Cuba a permitir el viaje de Molina a Argentina para visitar a su hijo y conocer a sus nietos.

Con la firma de su presidente, Hipólito Solari Yrigoyen, actual miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la NDH manifiesta que el reclamo de Molina, calificado de humanitario, "está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos".

Solari Irigoyen agrega que en este caso Cuba está violando concretamente el artículo 12 de ese Pacto, que consagra el derecho a salir libremente de su propio país, el 17, que prohíbe las ingerencias arbitrarias en la vida privada y la familia, y el 19, que sostiene el derecho de opinión y la libertad de expresión.

El documento de Solari Yrigoyen afirma que, además, el gobierno de Cuba transgrede el artículo 23 del mencionado Pacto, que reconoce a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad; el 24, que exige a los Estados medidas para proteger a los niños; y el 26, que establece la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por motivos políticos.