Dos cubanos y un estadounidense acusaron este miércoles a las autoridades migratorias mexicanas de abusos de autoridad y malos tratos por intentar deportarlos de manera ilegal, informó EFE.

La denuncia fue hecha ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQRO).

Los tres afirmaron que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los detuvieron el 22 de mayo pasado en Cancún, en el Caribe mexicano, pese a que demostraron que se encontraban legalmente en México.

Los cubanos Odalys Guerra y Javier Gómez y el estadounidense Pablo González fueron detenidos durante una redada en un centro nocturno en Cancún. Sin embargo, el INM no los ha podido deportar y aseguran que han padecido enfermedades que han puesto en peligro su vida.

En la denuncia presentada, los cubanos reclamaron su estancia legal en México. Guerra está casada con un mexicano. El estadounidense aseguró que se encontraba con visa de turista en el momento de ser detenido.

El grupo dijo que fue enviado a una zona de reclusión del organismo migratorio mexicano sin las debidas condiciones sanitarias, razón por la cual Gómez habría sufrido una serie de padecimientos respiratorios.

El cubano fue internado en una clínica privada, de donde escapó. Actualmente se desconoce su paradero, según los denunciantes.

En tanto, el ciudadano estadounidense sufrió un cuadro agudo de males respiratorios que se complicó con una hepatitis severa, según se establece en un documento avalado por un médico de la clínica particular en la que fueron internados.

Por su parte, Odalys Guerra, quien se encuentra detenida en una instalación migratoria, señaló que debido a las condiciones insalubres padece de una enfermedad vaginal, además de una afección respiratoria.

La mujer señaló que ha demostrado que su situación legal es de "no inmigrante visitante" debido a su relación matrimonial con el mexicano Raúl Avalos.

La queja recoge que los cubanos y el estadounidense lograron interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en contra del delegado estatal de Migración, Edgar Orozco, y del subdelegado, Roberto Marín, a quienes acusan de privación ilegal de la libertad, abusos y excesos de autoridad.