El embajador cubano ante la Unión Europea (UE), Rodrigo Malmierca, exigió este martes que, antes de entablar un diálogo político bilateral, los Veinticinco "rectifiquen" las sanciones diplomáticas impuestas a La Habana en junio de 2003.

"Nuestra posición es bien conocida. Reiteramos que la manera de relacionarse con Cuba no puede ser por la vía de sanciones y de presiones. Eso hay que rectificarlo antes de que haya un diálogo político con Cuba que pueda ser constructivo y útil", dijo Malmierca a la agencia Europa Press en Estrasburgo, Francia.

El hecho de que España, Alemania y Reino Unido hayan subrayado este martes en Bruselas la necesidad de modificar las sanciones pone de manifiesto, a su juicio, que dentro de la UE existe la "misma preocupación".

"Se percibe que no es el camino que han elegido para dialogar con Cuba, pero vamos a esperar. Son decisiones que toma la Unión Europea y son soberanos en ese sentido" afirmó el funcionario cubano. "Pero de nuestro lado, lo único que pedimos es un trato normal, que nos traten como a cualquier otro y que no pretendan presionarnos o sancionarnos por temas que son de nuestra exclusiva competencia", añadió.

Los expertos del Grupo de América Latina de la UE se mostraron este martes a favor a mejorar el diálogo constructivo con las autoridades cubanas y la oposición, y opinaron que "la ausencia de diálogo no ha sido positiva".

Sin tocar las sanciones diplomáticas de 2003 contra La Habana, los Veinticinco decidieron revisar la política que mantienen hacia la Isla y encargaron a sus embajadores en Cuba un nuevo informe con propuestas para establecer un "diálogo políticamente estructurado" con la oposición interna, de forma que puedan realizarse reuniones periódicas entre los responsables europeos y los disidentes.

No se ha decidido, al menos por el momento, acabar con las invitaciones a los disidentes a las celebraciones de fiestas nacionales de las embajadas europeas en La Habana, la medida que más ha molestado al régimen de Fidel Castro entre las impuestas tras la oleada represiva de la primavera de 2003.

Esta revisión de las medidas europeas ha sido promovida por el gobierno español que, respaldado por Reino Unido y Alemania, considera que las sanciones han sido inefectivas.